Lectura No 16: La sociedad postconflicto (I): dimension cultural de la paz

Por Jairo Morales Nieto*

Especial para EL NUEVO SIGLO

Ciudad del Cabo, Suráfrica

Artículo | Enero 25, 2015

 

Ante la proximidad de la finalización de la lucha insurreccional armada luego de seis décadas de confrontación violenta, degenerativa y degradante, los colombianos estamos a las puertas del ingreso a una nueva era de convivencia pacífica, justicia social y desarrollo humano en su más amplio significado y connotación. Pero ese momento magnifico y estelar no es el producto del acaso o la espontaneidad. Hay que trabajarlo, construirlo y moldearlo en consonancia con los preponderantes de la modernidad política, que antepone el bien común de los ciudadanos al egoísmo individual y a la crematística, y también, digamos, de la postmodernidad social que establece un balance armonioso entre la autonomía individual (independencia y auto-regulación) de los ciudadanos y la responsabilidad pública del Estado en la protección y promoción del bienestar de todos los ciudadanos sin exclusión.

 

Con la finalización del conflicto armado y la barbarie, Colombia debe transitar hacia la construcción de una nueva sociedad que deje atrás un pasado dividido y violento y se mueva hacia un futuro pacífico, enriquecido por valores sociales compartidos por todos los ciudadanos. Esta es una magnifica definición de la sociedad postconflicto como la concibe Desmond Tutu, Arzobispo Emérito de Ciudad del Cabo, Suráfrica y Premio Nobel de Paz en sus reflexiones sobre reconciliación y construcción de paz.

 

Se habla de ‘sociedad postconflicto’ para remarcar una premisa fundamental de nuestro discurso sobre paz y desarrollo que dice que la transformación societal (cultural, política, económica, social y ambiental) concierne a toda la sociedad colombiana y no sólo a la parte de ella que ha vivido en carne propia los horrores de la violencia y confrontación armada secular. Más de sesenta años de lucha armada en sus más diversas modalidades y expresiones de violencia han arrojado, además de enormes pérdidas de vidas humanas, capital físico e institucional, protuberantes y visibles daños en la estructura axiológica (sistema de valores) de la entera sociedad y en el comportamiento ético y moral de todos los individuos que la integran.

 

Piénsese por un momento que la violencia ha causado más de 220.000 muertos y 6.8 millones de personas han sufrido al menos un hecho victimizante terrible en los pasados treinta años; el 80 por ciento de las víctimas han sido desarraigadas por la fuerza de sus lugares de origen y han ido a refugiarse en las periferias urbanas y países vecinos como parias y excluidos sociales; alrededor de 250 municipios han sido duramente afectados por la acción violenta de diversos grupos armados ilegales (guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia criminal organizada) y por la propia acción contra-ofensiva de la fuerza pública; todos estos actores juntos, han ocasionado enormes daños en la infraestructura física, institucional y psicológica de los territorios y poblaciones afectados por la violencia. Estas cifras, en términos de proporción, involucran directamente a más del doce por ciento de la población colombiana de hoy y casi una cuarta parte del territorio del país. Son muy pocas las familias colombianas que no han sufrido y pagado caro los costos de la violencia secular de manera directa o indirecta. Por ello, afirmamos que la paz no es un asunto exclusivo de las relaciones entre las víctimas y victimarios sino un proceso que concierne a la entera sociedad.

 

Con estos predicados inauguramos una nueva serie de breves ensayos dedicados a temas que el autor considera sustantivos para hacer de la transición hacia la paz un verdadero proceso de transformación societal que corrija los numerosos defectos extremos de nuestra sociedad, estado y mercado y a la vez refuerce la magnífica resiliencia y las excepcionales virtudes de la mayoría de la población colombiana, muchas veces opacadas y amilanadas por la predominancia de los hechos violentos y atroces que con contadas excepciones se producen cada día a todo lo largo y ancho del país.

 

La serie de ensayos abordará tres temas muy interconectados entre sí, los cuales constituyen el meollo normativo de la sociedad postconflicto. Me refiero a la dimensión cultural de la paz; la dimensión generacional de la paz; y, finalmente, la dimensión de inclusión y equidad social de la paz. Este primer escrito está dedicado al primer tema mencionado. En próximas ediciones dominicales del El Nuevo Siglo aparecerán los otros dos temas.

 

* La paz como transformación cultural

 

La paz es por excelencia el resultado de un proceso de transformación cultural. Es moverse de la cultura de la violencia (armada o no) a la cultura de la convivencia pacífica, el diálogo civilizado, el trabajo conjunto y el respeto a las diferencias.

 

La cultura de la violencia ha impregnado la mente y comportamiento de tres generaciones de colombianos de tal manera que pareciera (ante los ojos externos) que ella es parte alienante e inherente a nuestra razón de ser y a nuestro modo de vida (y muerte).

 

El origen de la cultura de la violencia no es atribuible a la mentalidad y comportamiento de un grupo de maleantes en particular. Le es propia a lo que Karl Marx definió como el ‘Lumpenproletariat’, es decir, el sustratum más bajo de cualquier sociedad conformado por criminales y delincuentes, excepcionalmente redimibles. El gran fenómeno sociológico que aporta Colombia a esta definición es que aquí el Lumpenproletariat se ha emancipado, engrandecido y enriquecido enormemente como producto del secuestro, la extorsión, el narcotráfico, minería ilegal, contrabando y la corrupción, con el agravante de que la vocación de violencia y enriquecimiento ilícito de estas hordas ha invadido progresivamente a los propios grupos insurreccionales armados (que paradójicamente nacieron tras motivaciones puristas e idealistas de cambio social), y a todos los demás estratos de la sociedad sin distingo alguno como lo podemos evidenciar a diario por los medios de comunicación, la literatura, la cinematografía, la televisión y en las conversaciones de las gentes de cualquier ciudad, poblado y caserío.

 

Lo más impactante de la historia de estos largos sesenta años de violencia es que los colombianos, sin darnos cuenta, hemos aceptado la existencia de estos grupos delincuenciales y, lo que es peor aún, la erección por parte de ellos de un amplio y complejo espectro de instituciones ilegitimas que les han otorgado poder y derechos para imponerse y perpetuarse.

 

El Lumpenproletariat ha creado desde oficinas de sicarios hasta encumbradas organizaciones comerciales y financieras especializadas en lavado de activos, contrabando, evasión de impuestos y construcción de las llamadas ‘pirámides’ para robar a incautos ahorristas; ha tomado posesión por medios violentos de la riqueza del suelo y subsuelo del patrimonio nacional y ha creado innumerables instituciones y prácticas ilegales para registrar y proteger las usurpaciones; ha despojado millones de hectáreas a campesinos y pequeños empresarios rurales que generan la riqueza legitima del país; ha constituido los denominados ‘carruseles de la contratación’ para saquear meticulosamente el erario público y ha tomado posesión a sangre y fuego de muchas administraciones departamentales y municipales para imponer de manera entrelazada su ley y soberanía delictiva; ha comprado curules senatoriales, jerarquías politicas y cargos diplomáticos; ha penetrado la administración nacional de impuestos, loterías, las organizaciones de salud pública y muchas de las instituciones de educación superior; ha convertido por la fuerza a miles de niños y niñas en guerrilleros, pistoleros y trabajadores sexuales; ha hecho del secuestro y la extorsión una industria muy rentable y extendida; ha organizado densas redes de micro tráfico en todas las ciudades del país; ha utilizado el terrorismo como la peor arma de persuasión del poder criminal; etcetera, etcetera.

 

La sociedad postconflicto deber ser la negación radical y absoluta de la legitimización que la sociedad por temor, desentendimiento o condescendencia, le ha otorgado al Lumpenproletariat, sus instituciones ilegitimas y representantes, que como describimos arriba, ha invadido todas las esferas de la sociedad, estado y mercado constituyéndose en una verdadera superestructura ideológica y una particular cosmovisión que atrapa fácilmente, en particular, a la juventud ansiosa de consumo, poder y ostentación.

 

La deslegitimización es un proceso político, jurídico-penal y cultural. Este último aspecto es el que queremos resaltar en este ensayo pues remite a la moral, la ética y al derecho y a las creencias que las sociedades construyen sobre su identidad, comportamiento, organización y comunicación.

 

Si los colombianos no entendemos el legado nefasto y tenebroso que nos ha dejado la violencia sistémica y secular en nuestras mentes, sistemas de valores y comportamiento ciudadano, es muy probable que la reconciliación y transición hacia la paz se torne en un intento fallido toda vez que no es posible erigir ningún tipo de convivencia humana pacifica sin la construcción de nuevos ciudadanos desarmados en sus espíritus (y despojados de sus bienes ilícitos) y sin la prevalencia de instituciones (valores sociales, ideologías, normas y organizaciones) que aboguen y protejan la vida humana, la naturaleza, los derechos y bienes de los ciudadanos de hoy y de mañana.

 

** ¿Cómo propiciar los cambios culturales necesarios para consolidar la sociedad postconflicto como negación de la sociedad de la violencia que queremos dejar atrás?

 

Pienso que tres acciones culturales transformadoras son fundamentales como lo describo más abajo. Debo decir de antemano que no son el producto de mi intelecto o imaginación sino que son acciones que provienen de tendencias que surgen de la propia experiencia nacional y que se presentan como la antítesis a la ideología y cosmovisión generada y propagada por el Lumpenproletariat en todas sus formas y expresiones.

 

Primera acción: introducción de una nueva pedagogía de paz a todos los niveles de la sociedad que a la vez que condene y rechace todos los métodos violentos de imposición de objetivos y las ideologías que los sustentan y propagan, imponga la necesidad del diálogo y consenso democrático para la realización de los fines y objetivos de paz, tras los cuales se mueve una sociedad democrática y un estado social de derecho. Tendencia ejemplarizante: las conversaciones y acuerdos que avanzan en La Habana para alcanzar la paz por medios pacíficos son la expresión más genuina y legitima del comienzo del cambio cultural del que hablamos, el cual habrá que propagar y profundizar penetrando en la sociedad local, comunidades, familias y en las conciencias de los individuos. Lo que se negocia en La Habana no debe interpretarse sólo como la finalización del conflicto armado sino fundamentalmente como la solicitud de ingreso de las fuerzas insurreccionales desarmadas al estado democrático de derecho y a la vida ciudadana civilizada y ello, de por sí, es fenomenal.

 

Segunda acción: introducción de una nueva semiótica cultural de paz que reemplace los signos, símbolos y lenguajes apologéticos de la violencia creados y propagados por el Lumpenproletariat, sus redes y bandas delictivas, por un nuevo sistema de valores sociales que le son propios a un estado democrático de derecho y una sociedad civilizada. Tendencia ejemplarizante: el conocido experimento -por demás muy exitoso- de cambio en la cultura ciudadana emprendido por el profesor Antanas Mockus en los años noventa como Alcalde de la capital del país y su propagación mundial, es el mejor ejemplo de la aplicabilidad práctica de la teoría semiótica y sus efectos en la normatividad cívica y en el comportamiento ciudadano. Ese experimento magnifico debe ser rescatado y llevado profusamente a escala nacional y local como parte de la construcción de paz y formación de una nueva ciudadanía para la paz.

 

Tercera acción: introducción y despliegue amplio y profundo de una penetrante y vigorosa política comunicacional pública y privada que haga permanente y sostenible la pedagogía de la paz y la semiótica cultural de la paz como verdaderos hechos transformadores y no como actos esporádicos o coyunturales. La acción comunicacional de la que hablamos debe crear creencias y convicciones en la población, aferradas a las bondades de la paz y reconciliación, y debe sustentarlas a la luz de la moral, la ética y el derecho para permitir la convivencia humana entre los colombianos. Tendencias ejemplarizantes: hay muchas voces en Colombia y también acciones comunicacionales que dan valor a esta línea de pensamiento. De las voces más autorizadas escuchamos la de Francisco de Roux, insigne jesuita colombiano que ha encarnado el tema de la paz desde siempre, que dice: “La paz se hace exigencia ética por encima de protagonismos políticos, partidos, economía, honor militar, insurgencia guerrillera o debate de Congreso. La paz emerge como la causa más grande y subordina a ella el valor de los más importantes títulos de las personas, de las instituciones, de la academia, y de todo propósito social” (“El deber moral de la paz”. El Tiempo, 5 enero, 2015). Por el lado de las acciones comunicacionales, la reciente movilización de los medios de comunicación en Colombia tras la campaña y slogan ‘Soy capaz’ demuestra un vívido esfuerzo por afirmar el compromiso de los colombianos por la paz y demostrar que la paz no sólo es una convicción sino una actitud realizable en lo cotidiano y que tiene que ver con el bienestar de uno mismo y de los otros congéneres.

 

Los ejemplos que he dado sobre cambios culturales reales como antítesis de la cultura de la violencia (las negociaciones en La Habana, el fenómeno Mockus, la voz del padre de Roux y la campaña ‘Soy Capaz’) muestran muy positivas tendencias de la sociedad colombiana para afirmar que la transformación cultural por la paz, basada en nuestra propia experiencia e imaginación, es posible y real. Sólo se necesita poner todas esas tendencias y otras innumerables iniciativas de la sociedad civil, los grupos de poder económico e instituciones del Estado dentro de un conspicuo modelo normativo, contractual y operativo común que dé fundamento a la construcción de una vigorosa y penetrante política pública y privada comunicacional por la paz. De no ser así, todos estos valiosos esfuerzos se quedan como expresiones emocionales y circunstanciales sin que trasciendan en la producción de cambios en la mente y comportamiento de los individuos, la organización de las instituciones del mercado y la sociedad civil y la propia actividad del gobierno.

 

* Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Suráfrica. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.